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Se compromete Senado a luchar y hacer vigentes los derechos humanos en México

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una luz de esperanza. En el Poder Legislativo se trabajará para hacer valer la vigencia de sus principios y lograr un país con paz y tranquilidad, destacaron senadores de la República.

En la inauguración de la exposición “70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la senadora Kenia López Rabadán dijo que a siete décadas de su promulgación aún falta mucho por avanzar en esta materia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expresó que desde el Poder Legislativo se tiene que trabajar para que estas garantías se materialicen en el país.

En el mismo sentido, la senadora de Morena, Nestora Salgado, destacó la necesidad de impulsar y respetar los derechos humanos. De lo contrario, advirtió, México no podría ser un país con paz y tranquilidad.

A su vez, el senador Héctor Vasconcelos afirmó que “para el nuevo gobierno los derechos humanos son absolutamente esenciales. Habremos de velar por su observancia en México, en todas sus vertientes y con todos sus elementos”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores refirió que la Declaración aborda un mínimo de derechos que deben ser observados en todo el mundo. Para su concreción, advirtió, “tenemos que luchar y batallar todos los días”.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria asentó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos “es una luz ante el autoritarismo, la regresión y la violencia”. Representa, agregó, la respuesta a los hornos de Hitler, a la bomba atómica, a los genocidios y a los holocaustos.

Celebrar los 70 años de este poderoso instrumento de esperanza, agregó, es apostar nuevamente por la dignidad de las personas. En el Senado de la República, enfatizó, habremos de trabajar por su vigencia.

La muestra, que se exhibe en la galería exterior de la Cámara de Senadores, está integrada por 15 imágenes que contienen el texto de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la inauguración también estuvieron la senadora Citlalli Hernández y los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Gustavo Madero.

Además, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas, y el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jean Gerard.

Renuncia diputado panista al Fuero Constitucional

Presenta a la Mesa Directiva su renuncia voluntaria al fuero constitucional a partir de este jueves, José Luis Preciado, legislador de Acción Nacional, quien invitó a todos los legisladores y gobernadores a hacer lo propio. Dijo que, sí se puede estar sin esta protección, conservando la inviolabilidad de opinión y no perder sus derechos políticos, aunque estén sujetos a proceso.

“Suscrito diputado federal, integrante de la 64 legislatura del honorable congreso de la unión, y perteneciente al grupo parlamentario de acción nacional por medio del presente me permito dirigirse a usted para hacer de su conocimiento que, por mi propia voluntad, y sin existir dolo o presión de ningún tipo, a partir de esta fecha renuncio al fuero constitucional que con motivo de mi investidura me otorga la constitución política de los estados unidos mexicanos”, señaló.

En conferencia de medios, el también presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dijo que debe existir igualdad entre ciudadanos, sin que medie distinción entre unos y otros, derivada del ejercicio del cargo público.

Preciado Rodríguez, insistió que no tiene por qué haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda, mexicanos que se pueden ir a la cárcel y mexicanos que no pisarían la cárcel hasta ser sentenciados.

Recordó que el fuero constitucional es una protección establecida en la Constitución para algunos funcionarios del Estado, para que no puedan ser juzgados inmediatamente por delitos de orden penal, “pero no cuenta para lo administrativo”.

Presenta PRI Acción de Inconstitucionalidad en rechazo a Ley que violenta División de Poderes

Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, junto con legisladores de otros partidos políticos presentaron el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual violenta la división de Poderes.

Los priístas se pronuncian a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros Poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni los laborales de las y los trabajadores.

La acción de inconstitucionalidad, fue suscrita por senadores de otras fuerzas políticas, por lo que cumple con el requisito del 33 por ciento de legisladores requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que fue presentado en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional.

El GPPRI del Senado rechaza injerencias entre los diferentes poderes de la Unión, porque el Ejecutivo no puede estar por encima de los poderes Legislativo y Judicial, como lo pretende la Ley de Remuneraciones. “Sin división de Poderes, no hay democracia”, suscriben.

Ante ello, los senadores del PRI están a favor de eliminar los privilegios de los servidores públicos, siempre que no vaya en detrimento de su desempeño, y se reconozca su calificación profesional mediante condiciones dignos que favorezcan su superación.

No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo, -como la aprobación de la ley federal en cuestión-, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadíos de bienestar.

 

Diputados avalan en lo general eliminar fuero a altos funcionarios

El pleno de la Cámara de Diputados avaló, con 469 a favor, tres en contra y seis abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución para eliminar la figura del fuero y cambiar las reglas de la inmunidad, con lo que altos servidores públicos, incluido el presidente de la República, podrán ser sujetos a proceso penal en libertad.

El dictamen permite también que los servidores públicos sean privados de la libertad para compurgar la pena, cuando exista sentencia condenatoria de un juez que cause ejecutoria, respetando la “inmunidad constitucional”.

El documento que modifica los artículos 38, 61, 108, 111 y 112 y deroga el primer párrafo de la fracción V del Artículo 74 de la Carta Magna tiene el propósito de cambiar las reglas de la inmunidad de los altos servidores públicos.

Al presentar el dictamen, la morenista Miroslava Carrillo Martínez dijo que la sociedad reclama cambios inmediatos, y uno de ellos es el fuero y ponderar la inmunidad de ciertos servidores públicos del Estado mexicano.

A su vez, el diputado de Morena, Horacio Duarte Olivares, subrayó que eliminar el fueron termina con privilegios, ya que es un mandato para darle forma a la cuarta transformación del país, lo que significa que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Al respecto, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que eliminar el fuero es un hecho histórico, ya que es actuar con ética y conforme a la ley, porque los servidores públicos deben conducirse con probidad a favor de México.

En tanto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Salinas Narváez, respaldó el dictamen: ”Decimos sí a la inmunidad del Presidente de la República, de los legisladores y de los servidores públicos más importantes del país. Y no, no a la impunidad que otorga el añejo fuero constitucional”.

En su oportunidad, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, indicó que de ahora en adelante los servidores públicos deberán conducirse a la altura de sus responsabilidades, “ahora todos seremos iguales ante la ley y la justicia”.

En tanto, la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que ese instituto político va por la eliminación total del fuero y no como lo plantea la iniciativa de Morena, que pretende mantener privilegios a través de la figura de la “inmunidad constitucional”.

Previamente, la diputada priista presentó una moción suspensiva y planteó reactivar la minuta que fue enviada al Senado el 24 de abril de este año que se encuentra vigente y con un mayor avance en el proceso legislativo, sin embargo moción fue desecha para su discusión.

Heremos todo lo necesario para seguir luchando contra los actos que violenten a las mujeres y niñas: Nuvia Mayorga

En el seno de la Comisión para la Igualdad de Género se llevó a cabo una reunión de trabajo con la titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Ángela Quiroga Quiroga.

En esta reunión La Senadora Nuvia Mayorga Delgado dio a conocer que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM) ha sido un instrumento con el que se trabaja en conjunto y siempre ha caminado de la mano de la mujeres indígenas.

Asimismo, señaló que de acuerdo con el INEGI, del 2006 al 2016, se ha avanzado en la mitigación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, dijo, aun tenemos mucho por hacer pues la violencia no ha disminuido significativamente.

La medición de 2006 arroja que el 67 por ciento de las mujeres han vivido algún episodio de violencia, mientras que las cifras del 2011 muestran que han vivido violencia el 62 por ciento de ellas.

Para lograr abatir este fenómeno social, señaló la legisladora hidalguense, es importante el esfuerzo y apoyo de los gobiernos estatales y municipales para dar seguimiento a las políticas públicas con la normatividad de la CONAVIM.

De igual manera Nuvia Mayorga subrayó que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW) emitió 20 recomendaciones a nuestro país en aspectos de violencia de género, discriminación contra las mujeres, acceso a la justicia, igualdad de género entre otros.

Estas recomendaciones, recordó Mayorga Delgado, no están dirigidas solamente al Poder Ejecutivo, tienen también como destinatarios a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos locales.

Algunos de los puntos de relevante importancia son: el que tiene que ver con que se elimine la discriminación laboral. Este -dijo- va a ser un tema de la agenda legislativa del PRI, así como el fomento al acceso al crédito. Sin duda, expresó Nuvia Mayorga, vamos por el camino que establece la CEDAW a favor de eliminar la violencia en contra de las mujeres.

La Senadora destacó que además de los gobiernos estatales y municipales es importante la participación del poder judicial y el sector privado para continuar avanzando en una política pública para combatir la violencia en contra de las mujeres.

De igual manera, destacó que una de las principales funciones de la CONAVIM es la declaración de alerta de género y la emisión de recomendaciones para contrarrestar los niveles de violencia contra las mujeres, sin embargo, también es cierto que para ello se requiere colaboración y voluntad para abatir los índices a nivel local. El papel de la CONAVIM ha sido fundamental en este proceso, señaló.

“A nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, haremos todo lo necesario para revertir este grave problema y para seguir luchando contra todo acto que violente a las mujeres y niñas”, finalizó.

PEF 2019, oportunidad para apostarle al crecimiento económico y reasignar recursos con austeridad: Delgado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Presupuesto 2019 es la gran oportunidad para ir a fondo, darle la vuelta al modelo económico de México y apostarle al crecimiento en el mediano plazo, a través de la austeridad, la cual abrirá espacios para reasignar el gasto público hacia rubros que generen valor agregado, como proyectos de infraestructura y programas sociales.

Apuntó que la austeridad no es una moda u ocurrencia, sino eje fundamental para distribuir los recursos, porque “no podemos seguir con el despilfarro”; si no tenemos desarrollo vamos a seguir peleando fondos cada vez menores, en un ambiente de violencia, pobreza y desigualdad.

Se tiene que revisar cada peso que entra en la hacienda pública y saber cómo se gasta, porque viene del esfuerzo de los trabajadores y empresas. “No se puede seguir gastando sin control, sin orden, manteniendo excesos y privilegios”, apuntó.

“Si logramos hacer esa reasignación, pueden generarse condiciones para que la economía salga del marasmo y lograr mayor crecimiento para que la bolsa presupuestaria crezca”, estimó.

Delgado Carrillo previó dos opciones en el Presupuesto: aprobar proyectos pequeños que no van a impactar el bienestar, o apostar a darle la vuelta al modelo económico, para que en el mediano plazo le vaya mejor a todos; “es la apuesta por el crecimiento”, destacó.

La propuesta de la próxima administración es no aumentar impuestos y detener la transferencia de sectores productivos hacia el gobierno, porque ha demostrado que su gasto es muy improductivo, genera muy poco valor agregado casi en todos los rubros y es prácticamente cero o negativo; es decir, el impacto presupuestario en la economía es nulo, porque gastamos muy mal, y es tiempo de revisarlo.

Refirió que por 10 años ha prevalecido la insuficiencia de recursos en los estados y municipios, con aumento del endeudamiento con muy pocos controles. Pese a que cada año crecen en términos reales esa distribución no se tienen mejores servicios públicos y, sí escandalosos casos de abusos y corrupción en muchos estados, sin distingo de partido.

Pidió a los legisladores estatales impulsar marcos jurídicos que ordenen el gasto público, endeudamiento y respetar la Constitución, para que ningún gobernador gane más que el Presidente de la República.

Convocó a que todos se sumen a la austeridad republicana, revisar el gasto, cuidar cada peso que se destina y los montos de endeudamiento, eso dará legitimidad y autoridad moral con la sociedad para después pedir mayores recursos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Beatriz Terrazas Baca, subrayó que el dinero de los mexicanos se tiene que manejar con gran transparencia y responsabilidad. El presupuesto debe orientarse hacia los que más necesitan. “Este foro está encaminado a no confrontar, ni sacar lo peor de nosotros mismos para lograr nuestros propósitos personales”.

Dijo que más allá de colores y diferencias, se debe trabajar para construir el país donde todos vivimos. Debemos tener un bien superior, que es México”.

Comentó que “las y los diputados federales o locales decidimos para nuestra nación; por eso, es necesario trascender, no por lo que logremos para nuestros bolsillos, sino por lo que sirvamos a nuestros electores”.

Hizo votos para que “el plan de austeridad no se convierta en un plan de mediocridad; es decir, crezcamos la pirámide aspiracional de todos los mexicanos, a través de leyes que hagan de México, un país más transparente y con finanzas sanas”.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Marivel Solís Barrera (Morena), planteó la necesidad de revisar de manera seria las asignaciones presupuestarias a este sector, para redistribuir mejor los recursos e, incluso, canalizarlos directamente al Ramo 38, vinculado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De la misma bancada, el legislador Samuel Herrera Chávez propuso construir un proyecto presupuestal de abajo hacia arriba, para atender las demandas ciudadanas por medio de un nuevo esquema fiscal. Pidió no renunciar a etiquetar recursos a proyectos de enfoque social, dar seguimiento al gasto y aprobar fondos a obras macroeconómicas que alienten el crecimiento.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya aseguró que se harán modificaciones presupuestarias sin poner en riesgo la estabilidad del país. Comentó que no puede darse grandes montos a estados y municipios, si no se comprometen a manejarlos de forma eficiente y transparente. Es imperativo impulsar reformas que inciten un desarrollo más armónico, sobre todo en el sur-sureste de México.

De Morena, María del Rosario Merlín García consideró que las propuestas captadas en el foro nutrirán la plataforma temática de la Convención Nacional Hacendaria que se realizará el próximo año, y se logrará el consenso en la aprobación del Presupuesto, sobre todo porque el próximo gobierno federal está abierto a recibir las propuestas estatales y municipales.

El diputado Ricardo Flores Suárez (PAN), secretario de la Comisión Hacienda y Crédito Público, expresó que no se trata de “buscar el hilo negro”, sino adherirse a la ley para no equivocarse.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) entregó una propuesta de modificación al artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un nivel de endeudamiento máximo y que se garantice la sostenibilidad de la deuda pública.

El diputado Erasmo González Robledo (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que dicha instancia debe sumar esfuerzos con su homóloga de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para fiscalizar la cuenta pública y saber los beneficios reales de los programas.

Lidia García Anaya (Morena), secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, mencionó que se debe conocer si las leyes del Sistema Nacional a Anticorrupción y en materia de fiscalización han sido suficientes para disminuir la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción.

Xavier Azuara Zúñiga (PAN), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estimó necesario trabajar en herramientas que coadyuven a mejorar la labor de los órganos internos de control, considerando que cada entidad es diferente.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), integrante de las comisiones de Hacienda; Crédito Público, y de Vigilancia de la ASF, consideró preocupante escuchar la desesperación de las entidades, por lo que la Cámara de Diputados tiene la tarea de que la rendición de cuentas funcione correctamente.

La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, manifestó que en el PEF es donde realmente se materializan los cambios para el país. “Lo que no es plasmado ahí, sólo queda en buenas intenciones”.

Es importante acabar con la duplicidad en programas y fiscalizar el gasto. Agregó que los apoyos a sectores vulnerables serán bancarizados para tener cuidado en el destino de recursos.

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, consideró que la desigualdad es producto de la desorganización, pues el gasto de municipios no está controlado y aunque se logren mayores presupuestos, la pobreza persiste.

Propuso que planes municipales estén avalados por el Coneval. “Es importante que quien aspire a ser presidente de un ayuntamiento cuente con una estrategia de desarrollo”.

Congreso presentará en 2019 presupuesto disminuido de 25 por ciento: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó que han decidido, por unanimidad, que el próximo año presentarán un presupuesto disminuido de 25 por ciento en las cámaras de Diputados y de senadores.

Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Cámara baja reducirá de nueve mil millones de pesos, más de dos mil millones de pesos y el Senado de cinco mil millones de pesos proyectados para 2019, tres mil 900 millones de pesos.

Explicó que en la reunión de esta mañana, en la casa de transición, expusieron al mandatario electo esa decisión, donde en el caso del Senado de la República fue plural de todos los grupos parlamentarios.

La reducción del 25 por ciento, dijo, les da la autoridad moral para exhortar a los poderes Judicial y órganos autónomos, así como a otras organizaciones e instituciones, que sigan el ejemplo del Congreso de la Unión de reducir cuando menos el 25 por ciento de su costo al gobierno.

Señaló que López Obrador enfrentará una emergencia nacional de falta de recursos y que requiere de una política de autoridad para iniciar con una auténtica política de Estado.

Este año, en el Senado de la República, en cuatro meses de septiembre a diciembre, se ahorrarán 60 millones de pesos que se regresarán al presidente electo cuando entre en funciones, detalló.

Monreal Ávila precisó con el apoyo de unas láminas, que entre las disminuciones que se harán se encuentran 50 por ciento menos de asignación a grupos parlamentarios, reducción del 40 por ciento en el número de comisiones en plazas de estructuras y 30 por ciento en honorarios de apoyo a senadores y a grupos parlamentarios.

Asimismo, bajarán los honorarios a órganos de gobierno, de estructura, el apoyo a senadores en días de sesión, en alimentos a grupos parlamentarios y estímulos, así como se eliminan los gastos médicos mayores, vales de despensa y los reembolsos en gastos de alimentos, entre otros.

Abundó que la reducción total suma mil 300 millones de pesos menos, presupuesto similar al que tuvo el Senado de la República en 2012,  “de ese tamaño es la austeridad”.

Interrogado sobre los organismos autónomos puntualizó que no se puede hacer nada porque tienen autonomía, pero sería deseable que éstos y el Poder Judicial, de manera voluntaria, disminuyeran su presupuesto porque es hora de la austeridad y de demostrar que se quiere a México.

La preocupación no es el mayoriteo de Morena, sino que actúe inconsistente e ilegal: Antonio Ortega

Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) afirmó que hay preocupación desde no de que Morena tenga la mayoría y avasalle a los demás grupos parlamentarios, sino que esa mayoría está actuando de manera torpe, inconsistente e ilegal poniendo en riesgo al país entero.

Precisó en conferencia de prensa que el principal adversario que tienen Morena y su mayoría en los congresos locales y federales son ellos mismos, pues si bien puede decirse que “tienen récords mundiales de trabajo legislativo”, lo cierto es que han aprobado una Ley de Remuneraciones sancionada y publicada, de hecho, en el Diario Oficial de la Federación; pero no puede ser aplicada por sus inconsistencias.

“¡Por más que se les informó, se les dijo, se debatió que tenía 24 inconsistencias legales y políticas, decidieron sacarla y, a los cuántos días, tuvieron que devolverla para corregirla y modificarla!”, expuso en este marco donde la dirigencia y el GPPRD fijaron posicionamientos sobre los temas del “Fiscal Carnal” y la “Guardia Nacional” que Andrés Manuel López Obrador impulsa para su gobierno.

“Han aprobado dos leyes más que no han terminado el ciclo. Estamos pues, frente a una mayoría legislativa en las cámaras de Diputados, Senadores, y en 17 congresos estatales; pero ¡a pesar de esa fuerza política son incapaces de ordenar su propuesta, compartir sus iniciativas con otros grupos parlamentarios, dar espacio y oportunidad a que se mejoren! Ellos entonces, son sus principales adversarios, concretó.

Propone PRD que vacuna contra VPH sea ley y no sea “a voluntad” del gobierno

El GPPRD propone reforma para que sea un deber impuesto a las autoridades sanitarias y no una medida basada en políticas públicas sujetas al arbitrio de la autoridad cada sexenio

La iniciativa de la fracción conlleva que se fortalezca la lucha contra este padecimiento y se trate con las medidas de prevención de las enfermedades de trasmisión sexual

No tiene ninguna justificación que la tengamos alejada sobre todo, de lo que está marcando la OMS, que asevera que deben darse los cuidados preventivos y vacunas, incluso, a los niños de 9 a 11 años, señala el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa

Un cambio sustancial en la política de prevención para el cuidado de las niñas y los niños en el país, propuso el Grupo Parlamentario del PRD, con el planteamiento que hizo hoy en el Senado de la República, para que la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano esté en la ley y que se vuelva obligatoria.

Este padecimiento, puede ser silencioso y mortal, resaltó el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque llega a ser la causa del cáncer cervicouterino, “ha cobrado –dijo— miles y miles de vidas de mujeres en el mundo”.

Aseguró que en la Ciudad de México se vio que había un asunto de salud pública que afectaba a las niñas, “la Ciudad de México fue pionera, punta de lanza para aplicar en las primarias, para el 5º grado, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y nos correspondió a nosotros también implementarla para los niños, porque es una realidad que ha marcado ya la Organización Mundial de la Salud”.

En este sentido, aclaró que esta vacuna –que finalmente fue reconocida por el gobierno federal, y que se ha incluido ya en el Esquema Nacional de Vacunación, como programa orientador, dado que este esquema es el que deriva de la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, de la Secretaría de Salud— está incluida para los 11 años o quinto grado de primaria la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero no está en la ley.

“Por eso, nos parece muy importante, qué bueno que ya está en el esquema, en esa tabla, pero debiera estar en la ley. No tiene ninguna justificación que la tengamos alejada sobre todo, de lo que nos está marcado la Organización Mundial de la Salud, que asevera que deben darse los cuidados preventivos y vacunas, dice, incluso, a los niños de 9 a 11 años”, aseguró en tribuna el senador.

“Que se vuelva obligatoria, que esté en el cuadro en donde se refiere y en donde se habla de difteria, tos ferina, tifoidea, influenza, de todas estas enfermedades. Ahí en ese Artículo que el 134 de la Ley de Salud, se agregue una fracción, que sería la XIV, en donde diga esta vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano, es simplemente agregar una fracción, pero es un paso enorme en materia de salud pública para las niñas y los niños”, enfatizó.

El coordinador parlamentario afirmó que para su fracción en la Cámara Alta –integrada por la senadora Leonor Noyola Cervantes y los legisladores Juan Zepeda Hernández, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez— éste es un tema sensible de salud pública.

Además, el planteamiento del GPPRD incluye una reforma también, una adición al 157 Bis que hoy habla que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción de uso de condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección, “y habla hoy del Sida solamente como mención expresa y estamos proponiendo que se incluya también esto que es el papiloma humano, porque así lo marca la Organización Mundial de la Salud”.

“Verdaderamente son dos adiciones muy sencillas, pero es un cambio sustancial en la política de prevención de nuestro país para el cuidado de nuestras niñas, pero también de nuestros niños”, concluyó.

Link https://we.tl/t-oLD56YQi6P. Participación Senador Miguel ángel Mancera Espinosa Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

Da a conocer Morena iniciativa para la creación de la Guardia Nacional

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, la cual se mantendrá hasta que persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, y será evaluada en un periodo de tres años.

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos se explica que se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado.

Su función será la de participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la nación.

Sus integrantes provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, además capacitación en materia de respeto a los derechos humanos.

El documento, que será presentado hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, indica que los miembros de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán sus rangos, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando.

Establece que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país se mantendrá la Guardia Nacional, por ser obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

No obstante, plantea que la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeto a revisión, por lo que el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación.

Subraya que la inseguridad pública es hoy uno de los grandes problemas nacionales; su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía, y el gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre la ha señalado entre sus principales prioridades.

Resalta que es necesario diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores.

“Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea”, agrega.

Admite que en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados.

En el documento se reconoce que el retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada.

En tales circunstancias, se plantea resolver ambos problemas: los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, mediante la creación de una Guardia Nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional.

Además dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses.

Se propone que adicionalmente a sus funciones como garante de la seguridad y la paz pública y la preservación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la Guardia Nacional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público.

Admite que los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los futuros integrantes de la institución.

Los guardias nacionales provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares.

Ello de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.

Adicionalmente se invitará a participar en ese proceso a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno respeto a la autonomía de ambas instituciones.

A la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos.

Con las reformas propuestas se establecerá la naturaleza, alcances y ámbitos de competencia de la Guardia Nacional. Estas adecuaciones constitucionales permitirán la actuación de la Guardia Nacional en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno.

El documento destaca que la Guardia Nacional está prevista desde la Constitución de 1857 y en la Constitución vigente desde su emisión en 1917.

Sin embargo, no está clara su naturaleza ni las funciones que puede desempeñar, por lo que se propone dotar de un nuevo contenido al concepto de Guardia Nacional que se adecúe a las urgentes necesidades de nuestro país para la construcción de la paz y la garantía de seguridad.

La Guardia Nacional responderá a la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización.

Sin embargo, en el ejercicio de sus atribuciones, ligadas al contacto permanente con la población civil, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil, es decir, ajustará el ejercicio de sus funciones de manera racional y proporcional para proteger libertad, bienes y derechos de las personas.

Si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrán a cargo de la autoridad civil, y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la base de una formación policial.

Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan.

Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción de este.

En materia de derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, se prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma sean trasladadas o resguardadas en instalaciones militares.

Además, por disposición expresa y en correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor cotidiana serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar al que solo se reserva el conocimiento de las faltas y delitos que cometan en su organización interna.

“Para favorecer escrutinio de las acciones que en una materia tan delicada desplegará el Estado mexicano, proponemos reconocer la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin limitaciones ni condicionamientos, una añeja demanda de la sociedad mexicana”, señala.

Establece que la propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del Ejército y la fuerza armada de México, quienes actualmente realizan tareas de combate a la delincuencia, regresen en muy corto plazo al ejercicio de sus potestades constitucionales, como fuerzas de defensa de la nación.

“Y, en su lugar, formar y desplegar una fuerza con disciplina especialmente adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de derechos y bienes de las personas, así como de preservación del orden y la paz públicas. Nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México”, resalta en la exposición de motivos.

Para estar acordes con la interpretación recientemente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la Ley de Seguridad Interior, establece en el régimen transitorio una excepción expresa y específica para que a los miembros de las policías militar y naval que se incorporen a la Guardia Nacional no les sea aplicable la limitación que dispone el artículo 129 de la Constitución, según la cual en tiempos de paz las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Señala que la creación de la Guardia Nacional es sólo una parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. “En palabras del Presidente electo, el 80 por ciento de la nueva estrategia de paz y seguridad gira en torno a atacar las causas, atender a los jóvenes y rescatar los valores del pueblo de México.

“El restante porcentaje, tiene que ver con las instituciones de seguridad dentro de la que se enmarca la Guardia Nacional”.